Sheinbaum firma decreto sobre doble nacionalidad; reforma se publica en la tarde.
Las personas con doble nacionalidad podrán competir por algún cargo siempre que renuncien previamente a la nacionalidad distinta.

México 07 Octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la reforma constitucional que, a partir de 2028, exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa o jefe de Gobierno, presidente o presidenta de la República, solo puede ser mexicano”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina de ete miércoles.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la reforma fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y recibió el respaldo de 22 legislaturas locales.
Tras la firma presidencial, el decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante su edición vespertina.
Quienes tengan doble nacionalidad podrán renunciar a una
Alcalde aclaró que las personas con doble nacionalidad podrán competir por alguno de esos cargos siempre que renuncien previamente a la nacionalidad distinta de la mexicana. “De manera tal que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana”, puntualizó.
Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”, agregó la funcionaria.
La medida no impide que la población mexicana tenga dos o más nacionalidades, sino que establece una condición específica para quienes pretendan ocupar los cargos señalados.
La consejera indicó que todavía deberán emitirse disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento de renuncia y las autoridades ante las cuales deberá realizarse.
Más adelante tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite”, explicó, y posteriormente señaló que involucrará tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como a las autoridades del otro país.
