PAN pide suspender cobro de parquímetros en Ciudad Victoria.
La propuesta fue presentada por la diputada Patricia Mireya Saldívar Cano.

Cd. Victoria 19 Agosto de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) exhortó al Ayuntamiento de Ciudad Victoria a suspender temporalmente el cobro de los parquímetros del primer cuadro de la ciudad, así como la aplicación de multas e inmovilizadores vehiculares, mientras se esclarece la situación jurídica de la concesión otorgada a la empresa “Victoria Metters”.
La propuesta fue presentada por la diputada Patricia Mireya Saldívar Cano, quien señaló que la concesión tendría más de 15 años y, de acuerdo con los argumentos de la iniciativa, habría perdido vigencia sin que exista un contrato actualizado ni una autorización reciente del Congreso estatal.
El punto de acuerdo plantea que el Ayuntamiento presente, en un plazo máximo de 30 días hábiles, un informe público sobre la situación jurídica, técnica y financiera de la concesión, incluyendo su vigencia contractual, posibles adeudos y mecanismos de control y supervisión.
La legisladora argumentó que la operación actual genera incertidumbre jurídica y afecta a los ciudadanos debido a la aplicación de cobros y sanciones cuya fundamentación legal cuestionó. También señaló como elementos de preocupación la emisión de boletos con leyendas correspondientes a otro municipio y los adeudos reconocidos por la autoridad local.
La iniciativa menciona el artículo 171 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que establece que la concesión de servicios públicos municipales a particulares requiere autorización previa del Congreso, además de sujetarse a las condiciones previstas en la legislación y en el propio acto de concesión.
De aprobarse el exhorto, el Ayuntamiento también tendría que implementar una campaña oficial de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la suspensión del cobro, mientras que la Dirección de Tránsito y Viabilidad debería detener la colocación de multas e inmovilizadores en las zonas donde operan los parquímetros hasta que exista una resolución formal sobre la legalidad de la concesión.
La propuesta busca restablecer la certeza jurídica, fortalecer la transparencia y proteger a los usuarios de posibles cobros o sanciones sin sustento legal.
