Viene preparando desde hace varios meses una reforma al Estado de enorme magnitud. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes 11 de enero tiene prevista una reunión con su gabinete para exponer las líneas generales de una iniciativa que eclipsará muchas de sus decisiones previas.
El paquete tiene tres propósitos: reducir el número de programas a cargo de las secretarías de Estado, desaparecer dependencias del gobierno federal creadas por la legislación y proponer una gran reforma a la Carta Magna que elimine varios organismos constitucionales autónomos.
Si los recortes presupuestarios de 2019 y 2020, así como la cancelación de los fideicomisos, provocaron debates acalorados, lo que viene será de mucho mayor envergadura.
López Obrador pretende que esta bandera sea principal en las próximas elecciones federales y está dispuesto a invertirse de cuerpo entero para sacarla adelante.
Desde hace varios meses instruyó a los titulares de las secretarías para que disminuyeran el número de programas que operan. Cree el Presidente que la obesidad de la Administración Pública Federal se debe no solo al despilfarro, sino también al exceso de actividades y tareas.
Tiene razón López Obrador cuando afirma que, durante los últimos 20 años, los programas gubernamentales se multiplicaron sin atender a criterios como la eficiencia o el costo-beneficio. Las auditorías del desempeño emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ofrecen constancia previa de esta realidad.
Sin embargo, no parece que el Presidente vaya a operar quirúrgicamente para mejorar el desempeño, porque el criterio que más le importa es reducir costos. Como ya ocurrió antes, la evaluación del beneficio pasará a segundo término.
La misma convicción guía la desaparición de organismos y dependencias cuyo origen se encuentre en las leyes. López Obrador cuenta aún con mayoría para modificar esos ordenamientos. Cualquier dependencia federal que no requiera de una reforma constitucional para desaparecer se encuentra, a partir de ahora, en peligro de extinción.
La ruta podría ser arbitraria ya que no importará si tal o cual organismo merece sobrevivir, sino si hay condiciones políticas en la mayoría parlamentaria para eliminarlo.
Por último, viene la madre de todas las batallas de la Cuarta Transformación: eliminar el mayor número posible de organismos autónomos constitucionales. El Presidente ya anunció que tiene en la mira al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En la conferencia mañanera adelantó que las facultades de esos organismos deberían devolverse a la administración central.
Afirma el Presidente, por un lado, que la autonomía ha servido como pretexto para la arbitrariedad y la defensa de intereses ajenos a la gente. Por el otro, argumenta que el costo que implican estas dependencias no se justifica en una sociedad con tantas carencias.
Los detractores del lopezobradorismo tendrán como problema que, en efecto, algunos de esos organismos constitucionales gozaron durante los últimos años de un presupuesto inmoral. Destaca, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que cuesta anualmente más de 2 mil millones de pesos y cuyos resultados han sido pálidos.
También, contra de estas instancias. pesa que el tiempo de maduración con el que han contado es insuficiente. Las instituciones, como los árboles más nobles, requieren de lapsos amplios para ofrecer beneficios. De ahí que sea injusto pedirles resultados inmediatos, pero también que pueda hacerse demagogia reclamando el desconocimiento de la gente sobre sus verdaderos éxitos.
Destacan entre esas dependencias, como ejemplo, el Sistema Nacional de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) o el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Estos organismos no cuestan demasiado al erario y, sin embargo, fueron concebidos para coordinar esfuerzos que trascienden al gobierno federal. Son entidades que orquestan y conducen una tarea, originalmente dispersa, entre los distintos ordenes de gobierno.
El problema es que el Presidente no solo detesta a los organismos autónomos, sino también las instancias dedicadas a coordinar políticas públicas.
Andrés Manuel López Obrador no suele mentir con sus amenazas: su siguiente batalla estará centrada en achicar a los aparatos burocráticos. Primero serán descabezados aquellos cuya existencia dependa únicamente de su voluntad, luego seguirán los que requieran de una reforma legal en el Congreso y, para concluir, los que, para extinguirse, ameriten de una reforma constitucional.
Tope donde tope, esta es su idea de la Cuarta Transformación. Los principios de austeridad y de transferencia directa a los más vulnerables seguirán siendo su guía. Enfrentará, como ha sucedido con otros temas, los límites impuestos por la realidad política. Sobre todo, la imposibilidad de que sus iniciativas de reforma constitucional transiten en automático dentro del Senado.
Sin embargo, este tercer eje de su propuesta contará con alas para volar en los próximos comicios federales. El Presidente sabe que denunciar ante la opinión pública los supuestos fueros de los organismos autónomos suele brindar altos réditos.
Por: Ricardo Raphael / @ricardomraphael
