La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha impedido acceder a las investigaciones abiertas en contra de Emilio Lozoya y Pío López Obrador, acusa el Instituto Nacional Electoral (INE).
Lo anterior obstaculiza los trabajos de la comisión de Fiscalización del INE, el argumento de la FGR es que el árbitro electoral no tiene calidad de parte interesada en las carpetas de investigación, además de que tiene que guardar el “secreto ministerial”.
Uno de los casos más emblemáticos y que está abierto desde hace más de tres años, es el relacionado con el presunto financiamiento ilegal por parte de la constructora brasileña Odebrecht de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
En 2017, el PRD y Morena presentaron una queja en contra de Lozoya, Odebrecht y los partidos PRI y PVEM que formaron coalición para las elecciones de 2012.
En la misma denuncia, el INE decidió ampliar su investigación a la campaña de 2017 de Alfredo Del Mazo, en relación a su candidatura por parte del PRI-PVEM-Panal-PES en el Estado de México, para determinar si el actual gobernador mexiquense se benefició de los sobornos que recibió Lozoya.
El consejero Ciro Murayama criticó la negativa con el argumento de que el Tribunal Electoral federal estableció jurisprudencia según la cual el secreto ministerial no es aplicable al INE cuando ejerce sus facultades de fiscalización.
Agregó que, desde la reforma electoral de 2007, se estableció que tanto el secreto bancario, el fiduciario y el fiscal tampoco puedan ser obstáculos para que la autoridad fiscalizadora conozca si hay flujos irregulares de los actores y partidos políticos.
Recordó que si un caso como el Pemexgate (desvío de más de mil millones de pesos del sindicato de la petrolera estatal a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida en el 2000) pudo ser sancionado, fue porque la entonces PGR le permitió acceder al expediente ministerial.
Pero ahora la FGR, sistemáticamente ha negado “proporcionar la información que esa autoridad ministerial va conociendo”, señala.
En el caso de Pío López Obrador, donde también está implicado David León Romero por el presunto financiamiento a la campaña de Morena, el árbitro electoral abrió la investigación con la finalidad de determinar el origen de las particiones recibidas en 2015 por el hermano de Andrés Manuel López Obrador, y si estas fueron reportadas debidamente al INE.
Desde el pasado 26 de octubre, la Unidad Técnica de Fiscalización envió un requerimiento de información a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, dirigida por José Agustín Pinchetti, pero negó la información debido al secreto ministerial.
Fuente: Animal Político
