Epigmenio y el crimen de Estado.
No hay pruebas de que elementos del Ejército Mexicano hayan tenido órdenes de solapar y ayudar en la desaparición de los jóvenes.
Ayer durante largos minutos, cerca de una hora, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, éste y Manuel Feregrino debatieron con Epigmenio Ibarra sobre el tema Ayotzinapa y utilizaron en ese debate mi columna del martes pasado titulada Lejos de la justicia, cerca de la sucesión. Le agradezco a Ciro la forma puntillosa en la que presentó los argumentos expuestos en ese texto y a Epigmenio haberlos debatido, pero es imposible estar de acuerdo con él sobre el tema Ayotzinapa.
Hay muchos puntos controvertidos en la argumentación de Epigmenio, pero me centraré en unos pocos: dice que uno de los elementos que demuestra que existió un crimen de Estado (un término que usan Epigmenio y funcionarios del gobierno federal, así como el subsecretario Alejandro Encinas, pero que paradójicamente no aparece en ningún momento en el amplio texto de la Comisión para la Verdad), el Ejército tendría que haber intervenido para preservar la vida de los estudiantes y que, por el contrario, solaparon y ayudaron a su desaparición. Dice que existió una “omisión deliberada” y no garantizaron “la seguridad pública”, lo que era, dice Epigmenio, su obligación.
Pues nada de eso es verdad. No hay pruebas de que elementos del Ejército Mexicano hayan tenido órdenes de solapar y ayudar en la desaparición de los jóvenes. El tema del soldado Julio César López Patolzin, que se usa como argumento para ello, no tiene sustento, como explicábamos aquí el martes: el joven soldado era parte de los estudiantes de Ayotzinapa e informaba de lo que estaba sucediendo ese día. Su última llamada fue a las 22 horas. Lo cierto es que a esa hora lo único que había era unos disturbios muy similares a los que habían protagonizado los estudiantes de esa normal en otras ocasiones en Iguala: habían secuestrado camiones, se habían dado algunos hechos de violencia y todavía no eran detenidos por los policías municipales, salvo algunos casos aislados.
Las Fuerzas Armadas no son responsables de la seguridad pública, no lo eran entonces y no lo son ahora. La seguridad pública es una atribución civil, y las FA sólo pueden intervenir cuando se lo solicitan las autoridades civiles. Desde el 2 de octubre del 68 las FA no intervienen en ninguna manifestación popular, haya o no violencia. Nadie del municipio o del estado demandó la participación militar esa noche. La entrega de los muchachos a los sicarios de Guerreros Unidos comienza cerca de las 11 de la noche, hasta las 2 de la madrugada y se da en distintos grupos. Hasta ese momento lo que tenemos es a una autoridad civil, la policía municipal, deteniendo a jóvenes que estaban cometiendo delitos del fuero común, no se podía saber que serían entregados a sicarios y tampoco que éstos los asesinarían.
Eso se demuestra con un documento que la Comisión para la Verdad no toma en cuenta: las grabaciones de la DEA de los sicarios de Guerreros Unidos, entre Iguala y Chicago, donde prácticamente minuto a minuto se lee cómo se va tomando la decisión de secuestrar a los chavos y posteriormente asesinarlos. La claridad con que se desenvuelve esa trama, a través de esos mensajes de chat interceptados, es el dato más duro que se puede tener en toda esta investigación y no es utilizado en la narrativa que establece la comisión que encabeza Encinas.
Dice Epigmenio que existen numerosos videos de sicarios torturados para que inventaran la verdad histórica. Se conoce un solo video: la detención de un integrante de GU, donde éste es golpeado para que confesara qué sucedió, pero nunca se aprecia que le estén ordenando un testimonio. Por el contrario, se cuenta con varios videos de detenidos, que hemos divulgado aquí y en el programa Todo personal, desde hace años, donde se observa a esos sicarios declarando por separado, con lujo de detalles y coincidiendo en los capítulos principales sobre lo sucedido.
Se dice que una de las falsedades y ocultamientos reside en que los 43 no fueron incinerados en Cocula y que aquel video de un dron que exhibe a marinos en ese basurero, lo demuestra. Efectivamente, los peritajes independientes, lo que demostraron fue, y eso está ampliamente detallado en el informe de la CNDH y en mi propio libro La noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero, es que en Cocula fueron incinerados entre 17 y 19 jóvenes, no los 43.
Aquellas imágenes del dron, más allá de que fueron editadas de un video mucho más largo, lo que muestran es a marinos que están revisando los lugares donde presumiblemente habían sido incinerados los jóvenes, con base en el testimonio de los sicarios detenidos. Una incineración de la cual el primer testimonio que existió no fue de ningún sicario, sino del padre Alejandro Solalinde, días después de que ocurrieron los hechos. La interpretación de que los marinos estaban plantando evidencia fue del GIEI, pero no existe prueba alguna de ello, en realidad es lo contrario: de lo que sí existe evidencia es de la búsqueda en varias partes de la sierra.
Finalmente, Ibarra pidió que los periodistas le ofrezcamos disculpas a la sociedad por haber investigado y publicado algo diferente a lo que dice ahora la comisión de Encinas, como si ésa fuera una verdad “incontrovertible” (así la llamó Epigmenio), aunque esté basada en dichos que no pueden respaldarse con pruebas. Así se construye la narrativa de un crimen de Estado que no fue tal.
Escribe: Jorge Fernández Menéndez / Excélsior
