Desde el Senado, impulsamos reformas para garantizar el bienestar del pueblo.
De nueva cuenta me honra participar en el debate destinado a incorporar en nuestra Constitución un conjunto de apoyos sociales.
De nueva cuenta me honra participar en el debate destinado a incorporar en nuestra Constitución un conjunto de apoyos sociales que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en nuestra larga historia, contribuyeron a mejorar las condiciones bajo las cuales vivían los grupos sociales más olvidados de nuestra comunidad.
Al inscribir en nuestra Carta Magna el principio de que los programas sociales tengan el atributo de ser progresivos, también tendremos la oportunidad de darle certeza y permanencia a la política de bienestar del Estado Mexicano.
Con estas reformas avanzamos en la obra de construir para todos los mexicanos un estado de bienestar, sustentado en el carácter progresivo de la política social y de la política laboral. Votar a favor de estos proyectos me enorgullece; es un honor.
II
La política laboral y los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador cumplieron cabalmente el objetivo de mejorar significativamente las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores y de los segmentos vulnerables de la población mexicana.
También hay muestras incontestables de que los programas sociales sacaron de la pobreza moderada y extrema a millones de mujeres y hombres de todos los grupos vulnerables, conformados por personas en situación de discapacidad, mujeres, adultos mayores, indígenas, campesinos, madres solteras y madres trabajadoras sin respaldo familiar.
Este logro es histórico porque nos muestra que la política de bienestar de la 4T es un instrumento efectivo no sólo para reducir la pobreza; también lo es para reducir la desigualdad que separa a las mujeres de los hombres y a las personas de los grupos de altos ingresos de las que siempre habían vivido en condiciones extremadamente precarias.
Si esto se logró en cuatro años (2018-2022) cuando tengamos las cuentas de los avances alcanzados de 2018 a 2024, habremos de verificar hasta qué punto se redujo la pobreza y la desigualdad en tan sólo un sexenio y sobre todo el éxito de una estrategia que en todos los ámbitos respetó y privilegió los derechos de los más pobres.
Pero, además debemos destacar que las mediciones sobre pobreza realizadas por el CONEVAL y por el INEGI revelan que, tan sólo en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador, disminuyó la brecha salarial que mide la magnitud de la discriminación laboral en contra de las mujeres.
Pero acaso lo más esperanzador es que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tendremos la oportunidad de consolidar la transformación social de nuestro país, que tiene entre sus mayores propósitos eliminar toda forma de discriminación en contra de las mujeres. Estoy seguro de que, con esta reforma, que consagra el derecho de todas las mexicanas a la igualdad sustantiva, el régimen de desigualdad que caracterizaba a la sociedad mexicana dará paso a una comunidad justa, solidaria y generosa con nuestras mujeres.
III
En los debates celebrados en la Cámara de Senadores para aprobar estas grandes reformas sociales, de nuevo encontré disonancias especialmente en la posición de los legisladores de Acción Nacional.
Me reconfortó saber que todos los senadores que participaron en los debates de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Bienestar coincidieron en exponer las bondades de la iniciativa del licenciado López Obrador, para consagrar en nuestra Constitución las políticas de bienestar que representan un gran paso, rumbo a la consolidación del Estado de Bienestar.
También que fueron aprobadas por unanimidad y que los senadores del PAN se sumaron a esta propuesta liberadora.
IV
Pero, luego me confunde el recordar la trayectoria que ha seguido este partido frente a las iniciativas de la 4T para formalizar esta nueva política social, tan favorable para nuestro pueblo, tanto tiempo olvidado.
Durante la campaña electoral reciente el expresidente Fox, una y otra vez, declaró que en su gobierno se originó la pensión para adultos mayores.
Al mismo tiempo la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en sus dichos firmó con sangre el compromiso de mantener los programas de bienestar y, justo, durante todo el último año los diputados de la LXV Legislatura de ese partido presentaron nueve iniciativas para reformar el artículo Cuarto de nuestra Constitución para asegurar con ello la permanencia, en particular, de las pensiones a favor de las personas adultas mayores, de las madres solteras y de las personas con discapacidades.
Todo esto parecía coherente, pero cómo explicar que el pasado 22 de octubre, cuando el Pleno de los diputados votó la reforma que consagra la permanencia del derecho a que las todas personas vulnerables reciban diversas pensiones; de los 65 diputados del PAN, presentes en esa sesión, todos votaron en contra de las propuestas del licenciado López Obrador para reformar los artículos cuarto y 27 de nuestra Constitución.
Pero hay más, hablando de Chihuahua, mi patria chica y a la vez grandiosa, la gobernadora María Eugenia Campos se ha negado entregar los recursos que corresponderían a su gobierno para asegurar la pensión universal a todas las personas con discapacidades permanentes.
V
¿Cómo interpretar esta conducta esquizofrénica de un partido que juega con mil máscaras para truncar por todos los medios a su alcance las reformas que la inmensa mayoría de nuestras ciudadanas y ciudadanos demandaron con su voto el pasado 2 de junio?
En verdad se trata de una estrategia desordenada, caótica en la forma y falsa en el fondo, que busca descarrilar nuestro viaje al más preciado de nuestros sueños que, no es otro que transformar a México en una patria justa y generosa.
Veamos: la alianza que han mantenido por casi un siglo con el poder judicial; al principio el PRI y los creadores del PAN; y luego, desde su fundación, también el PAN, ha dado lugar a muchos engendros “legales”, e incluso reformas constitucionales, abiertamente pactadas entre los poderes establecidos, conformados por el Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y las fracciones de la oligarquía a las que invariablemente obedecen.
Tales acuerdos, corruptores de nuestra sociedad, han socavado y violentado el corazón de nuestro sistema normativo; nos dan cuenta de que nuestra judicatura siempre ha adolecido del peor de los defectos: es un tribunal estructurado para favorecer un Estado de Derecho absolutamente parcial, que soporte sin cuarteaduras un régimen jurídico-político, al que Vargas Llosa llamó, con extremada fortuna, la “Dictadura Perfecta” y que calzaba muy bien con el modelo de organización material, al que Viviane Forrester en su texto canónico llamó “Horror Económico”.
VI
La connivencia entre juzgadores, élites burocráticas, legisladores y la oligarquía de los negocios generó la hegemonía de un modelo de sociedad en la que durante casi cuarenta años se oprimió y se explotó sin límites a millones de ciudadanos y trabajadores mexicanos.
Sólo un ejemplo para que tengan idea de la magnitud de este régimen de barbarie y contubernio económica: entre diciembre de 1982 y diciembre de 2017 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) realizó cerca de cuarenta revisiones al salario mínimo y en todas, sin excepción, aprobaron aumentos al mínimo muy alejadas de las tasas de inflación; que contravinieron, sistemáticamente, el artículo Quinto de nuestra Constitución.
Pero todos hoy sabemos que los acuerdos de la CONASAMI, por consigna, fijaron salarios de hambre que precarizaron sin consideración la existencia de la inmensa mayoría de los mexicanos.
VII
El despojo que invariablemente autorizó esta Comisión es la mejor muestra del tipo de arbitraje que practicaban todos los jueces, magistrados y ministros de un sistema judicial hecho a la medida para formalizar y legitimar el atraco más grande que conozca nuestra historia, mediante el cual se redujeron las remuneraciones de los trabajadores a la cuarta parte de lo que representaban a fines de 1981.
Es muy simple: el aparato judicial en pleno era un ente parcial que salvaguardaba un régimen social diseñado para mantener y reproducir un sistema de corrupción y explotación, sustentado en una violación continua y sistemática del derecho de nuestra clase trabajadora a recibir una remuneración justa a cambio de su esfuerzo.
Esa parcialidad, esa entrega de la judicatura a los intereses del gobierno y a las élites de todo tipo; sumada a su indolencia ante el dolor y sufrimiento de trabajadoras y trabajadores, es la razón esencial por la que hoy estamos aquí, todos los legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, para transformar, desde su raíz, un sistema judicial, asfixiado por la corrupción y parcialidad de sus principales operadores.
La connivencia entre juzgadores, élites burocráticas, legisladores y la oligarquía de los negocios generó la hegemonía de un modelo de sociedad en la que durante casi cuarenta años se oprimió y se explotó sin límites a millones de ciudadanos y trabajadores mexicanos.
Sólo un ejemplo para que tengan idea de la magnitud de este régimen de barbarie y contubernio económica: entre diciembre de 1982 y diciembre de 2017 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) realizó cerca de cuarenta revisiones al salario mínimo y en todas, sin excepción, aprobaron aumentos al mínimo muy alejadas de las tasas de inflación; que contravinieron, sistemáticamente, el artículo Quinto de nuestra Constitución.
Pero todos hoy sabemos que los acuerdos de la CONASAMI, por consigna, fijaron salarios de hambre que precarizaron sin consideración la existencia de la inmensa mayoría de los mexicanos.
VII
El despojo que invariablemente autorizó esta Comisión es la mejor muestra del tipo de arbitraje que practicaban todos los jueces, magistrados y ministros de un sistema judicial hecho a la medida para formalizar y legitimar el atraco más grande que conozca nuestra historia, mediante el cual se redujeron las remuneraciones de los trabajadores a la cuarta parte de lo que representaban a fines de 1981.
Es muy simple: el aparato judicial en pleno era un ente parcial que salvaguardaba un régimen social diseñado para mantener y reproducir un sistema de corrupción y explotación, sustentado en una violación continua y sistemática del derecho de nuestra clase trabajadora a recibir una remuneración justa a cambio de su esfuerzo.
Esa parcialidad, esa entrega de la judicatura a los intereses del gobierno y a las élites de todo tipo; sumada a su indolencia ante el dolor y sufrimiento de trabajadoras y trabajadores, es la razón esencial por la que hoy estamos aquí, todos los legisladores de Morena, del PT y del Partido Verde, para transformar, desde su raíz, un sistema judicial, asfixiado por la corrupción y parcialidad de sus principales operadores.
Escribe: Juan Carlos Loera de la Rosa
Fuente original: www.diario.mx
