Antes de terminar el año que cambiaría la forma en la que se desarrollan algunas actividades laborales, el Senado de la República aprobó la regulación del trabajo desde casa o home office.
La reforma era un pendiente nacional desde 2018, en el que comenzó la discusión y volvió a cobrar relevancia en el contexto de la pandemia. Esta forma de trabajo se multiplicó a causa de las restricciones sanitarias y ha sido útil en muchas industrias. Durante los últimos meses, una gran cantidad de servicios y empresas se vieron obligados a migrar al trabajo desde casa, abriendo nuevamente el debate de cuáles son las condiciones que deben existir para que éste pueda llevarse a cabo de manera adecuada.
La reforma busca sobre todas las cosas defender los derechos de los trabajadores. Entre sus aciertos, sin lugar a dudas, se encuentra que las condiciones laborales de quienes trabajan desde casa deben estar definidas en un contrato. Otro acierto es que establece el derecho a la desconexión: es decir, que los trabajadores que realizan home office no estarán obligados a contestar llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera de su jornada laboral. La idea es que si pasamos a una modalidad virtual, no se incremente el tiempo dedicado a la actividad laboral.
Por otro lado, hay elementos que los empleadores o patrones tendrán que incorporar, tanto a sus estructuras de costo, como a sus dinámicas laborales y que seguramente generarán un debate nacional.
Por ejemplo, una de las cuestiones que más se debatieron en el Legislativo federal fue si los empleadores deben asumir el pago de servicios utilizados por los trabajadores. La nueva reforma establece como obligación que el patrón pague los servicios de internet del empleado y de contribuir de manera proporcional en el pago de la electricidad, sin especificar cómo se calcula esta proporción.
La intención de esta disposición es buena: busca que los trabajadores no tengan que pagar de más por utilizar algo que es considerado una herramienta laboral. Sin embargo, a la hora de su implementación, surgen repercusiones que deben ser consideradas. La más evidente es que el pago de esos servicios incrementa los costos para las empresas y las pone en un predicamento económico justo en un momento de crisis.
Una manera de solventar este obstáculo sería incluir incentivos fiscales para que las empresas lleven a cabo estas medidas, al menos durante el tiempo que siga la pandemia.
Finalmente, una última cuestión que se debe discutir es el tema de los Inspectores de Trabajo. La reforma especifica que los Inspectores de Trabajo se encargarán de constatar, entre otras cosas, el cumplimiento de las obligaciones especiales sobre el home office. En este punto, la Coparmex ha señalado que el hecho de que los inspectores tengan la facultad de visitar los domicilios de los trabajadores para constatar que cumplan sus obligaciones podría ocasionar violaciones graves a la privacidad.
La reforma sobre home office o trabajo desde casa representa un avance en materia de legislación laboral. Sin embargo, no debe ser considerada como el final del camino: los trabajadores y los empresarios nos debemos sumar al diálogo para enriquecerla. Debemos garantizar que no terminará siendo un obstáculo para la contratación en un entorno de crisis económica o que vaya a fomentar modalidades presenciales que implicarían mayor riesgo en el contexto de la pandemia.
Por: Edmundo (Mon) Marón
