Congreso de Morelos comienza el proceso de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
La solicitud del juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco derivó de tres carpetas de investigación.
Morelos a 21 abril de 2022.– El Congreso de Morelos turnó a la Junta Política y de Gobierno el juicio de procedencia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, a solicitud del vicefiscal Anticorrupción, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.
La solicitud del juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco derivó de tres carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos: FECC/625/2021, por delito de fraude procesal, luego de que viajó a Brasil en las vacaciones decembrinas del año pasado, junto con su familia, dejando acéfala la gubernatura, sin autorización del Congreso.
Así como FECC/478/2021-09, por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración, debido a que su percepción como alcalde y gobernador no coinciden con sus declaraciones patrimoniales; y FECC/493/2021-09, por ejercicio ilícito del servicio público y falsificación de documentos para obtener constancias de residencia en Morelos.
En sesión ordinaria, la secretaria, Macrina Vallejo Bello, y la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Luz Dary Quevedo Maldonado, dieron cuenta al Pleno del Congreso de las tres solicitudes que fueron ratificadas ayer, mismas que se turnaron a la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo con el proceso, la Junta deberá determinar si el denunciante cumple con los requisitos establecidos; si el denunciado es considerado sujeto de formación de causa, si la conducta atribuida corresponde a la prevista por el artículo 136 de la Constitución del estado de Morelos; y si las pruebas aportadas tienen relación con los hechos denunciados.
En caso de que la solicitud no cumpla con lo anterior, la Junta contará con 30 días hábiles, contados a partir de la recepción, para emitir un dictamen declarando la improcedencia del juicio; de lo contrario, el dictamen deberá ser para declarar la incoación.
La Junta Política y de Gobierno la integran los legisladores María Paola Cruz Torres de Morena, Óscar Armando Cano Mondragón del PAN, Alberto Sánchez Ortega del PRI, Julio César Solís Serrano de Movimiento Ciudadano; Verónica Anrubio Kempis de Nueva Alianza, Tania Valentina Rodríguez Ruiz del PT, Érika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas y Mirna Zavala Zúñiga de Encuentro Social.
Cabe resaltar que actualmente la Junta Política y de Gobierno no cuenta con un presidente, pues Paola Cruz fue destituida del cargo, luego de ser acusada de generar parálisis legislativa y el Congreso no llegó a un acuerdo para reemplazarla.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, los acuerdos de la Junta se tomarán por consenso y, en caso de no haber acuerdo, por mayoría calificada “mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su grupo o fracción parlamentaria”.
Si la Junta dictamina la procedencia del juicio, éste será turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que actuará como Comisión Instructora del Procedimiento y tendrá cinco días hábiles para notificar al gobernador y llamarlo a comparecer.
Tras el análisis correspondiente, la Comisión Instructora deberá declarar la procedencia o improcedencia de la solicitud. En el primer escenario, Cuauhtémoc Blanco será suspendido de su cargo y quedará a disposición de la autoridad común; en caso contrario, la solicitud quedará en calidad de suspensa y no afectará la continuidad del gobernador.
La resolución final del Congreso será inatacable, pero requiere de mayoría absoluta para ser válida.
Cabe señalar que el Congreso de Morelos actualmente cuenta con 19 diputados y diputadas, de los cuales 13 representan a la oposición y seis a Morena.
En declaraciones, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, aseguró que los legisladores “actuaremos apegados completamente a derecho, como lo hemos hecho siempre. Ya habremos de definir, vamos a conocer de qué se trata esta denuncia, qué es lo que contiene y en consecuencia actuar”.
Por: Alina Navarrete Fernández/LATINUS