Cuentas alegres.

Si la revocación de mandato es importantísima, trascendental para la democracia participativa, ¿por qué negaron al INE los recursos necesarios para realizar la consulta?, ¿por qué se descalifica al órgano electoral que tiene la obligación de cumplir con la ley?, ¿por qué se acecha a los consejeros con una investigación judicial?

Los diputados de Morena y sus aliados son los únicos responsables de este entuerto. Negaron los recursos al INE con intenciones perversas: obstaculizar el proceso, poner a los consejeros electorales contra la pared y continuar con el descrédito del órgano autónomo para “exterminarlo” (así lo dijo el propio Mario Delgado).

Si Morena hubiera querido fortalecer la participación del pueblo no habría escatimado en el presupuesto del INE, tal y como lo hizo con los proyectos de infraestructura bandera de la actual administración. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibirán en conjunto 129 mil 392 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año.

Mire, de un total de 640 mil 42 millones de pesos que se invertirán en infraestructura, uno de cada cinco pesos irá a los proyectos prioritarios de la 4T. Para el Tren Maya se destinarán 62 mil 942 millones de pesos; para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se contempla un gasto de 11 mil 450 millones de pesos, y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tendrá 10 mil millones de pesos. Por cierto, al Banco del Bienestar le darán un extra de 19 mil millones de pesos.

Los consejeros del INE hicieron cálculos para reducir el costo de la consulta de revocación de mandato —de 3,830 a 3,306.73 millones de pesos— además realizaron ajustes para obtener 64.4 millones de pesos que se suman a los 1,503 millones ya disponibles, pero aún les faltan 1,738.9 millones de pesos que solicitaron formalmente a la Secretaría de Hacienda el viernes pasado.

Y mientras los proyectos prioritarios tienen manga ancha, los detractores del INE no han querido ver que para obtener los “ahorros” que les exigen se propone reducir —en las actividades propias de la revocación de mandato— 50 por ciento de los apoyos financieros de los consejos locales y distritales, disminuir los insumos sanitarios de las casillas, eliminar el pago de viáticos a visitantes extranjeros, prescindir del papel seguridad en la impresión de las papeletas, además de no contratar plazas destinadas al apoyo del pautado ni 15 plazas del proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

En materia de capacitación, los consejeros lograrán ahorros disminuyendo el periodo de contratación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales, además de aumentar el promedio de casillas bajo su responsabilidad; también se propone reducir 20 por ciento del presupuesto de las Juntas Locales para el traslado de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

Además de la propuesta que el Ejecutivo federal hizo para que el INE obtenga más “ahorros” —calculó una disponibilidad de 2,972 millones de pesos—, ¿atenderá y dará respuesta a la solicitud de apoyo que los consejeros hicieron a dependencias del gobierno federal?

El instituto —mediante oficios— consultó a Talleres Gráficos de México la posibilidad de que la impresión de la documentación electoral y boletas sea gratuita o a menor costo; preguntó a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de que provea el servicio público de distribución de energía y las plantas de generación de energía eléctrica, bajo la modalidad de comodato.

Al Instituto Mexicano del Seguro Social le consultó la posibilidad de brindar primeros auxilios proporcionados por personal de enfermería, sin costo, para dar ese servicio en favor de la protección a la salud de las personas que desarrollarán actividades en las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales y funcionarios de casilla.

¿Les interesará colaborar, se los permitirán?

La sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial establece que tanto la Secretaria de Hacienda como el INE, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía.

¿Hacienda hará su propio ajuste y sacrificio en aras de la democracia participativa o se quedarán con las cuentas alegres presentadas el viernes en Palacio Nacional como “Ejercicio de Austeridad INE”? La respuesta la conoceremos a más tardar el 31 de enero.

Escribe: Fabiola Guarneros Saavedra / Excélsior