En estos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sesionará para resolver si el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene razón al demandar del Presidente de la República que se abstenga de participar en el debate político-electoral. La Consejería Jurídica de Presidencia impugnó las “medidas cautelares de tutela preventiva” contra el intervencionismo del Presidente, aprobadas por la Comisión de Quejas del INE. El TEPJF tendrá oportunidad de demostrar si continúa en la ruta de ser una sucursal de la Consejería Jurídica de Presidencia o la de un tribunal autónomo preocupado por la equidad en las próximas elecciones.
El Presidente necesita participar en la contienda electoral, pues su partido y aliados que le acompañan no dan el ancho. Si en las elecciones de 2018 la coalición triunfante en la Presidencia estuvo 10 puntos abajo en el Congreso, es posible que para las elecciones de 2021 esa brecha se haya ensanchado. Cada sector víctima de la labor de demolición del Presidente son votos que se pierden: las madres trabajadoras a las que se dejó sin las estancias infantiles; los funcionarios del sector público, víctimas de la austeridad neoliberal, despedidos, con magros salarios y pérdida de derechos como el aguinaldo; científicos y académicos calificados de ladrones, sus proyectos en peligro por la desaparición de los fideicomisos; el potente movimiento de mujeres al que ha ninguneado; los luchadores por los derechos humanos y partidarios de una #SeguridadSinGuerra incrédulos ante la creciente militarización; el número creciente de víctimas. La lista de desencantados llevaría demasiado espacio.
Las encuestas más serias presentan un fenómeno llamativo; el divorcio entre la aprobación del Presidente, que ronda poco más del 60%, y el rechazo a sus políticas. Como la próxima contienda es eminentemente local, la aprobación del Presidente jugará un papel menos influyente en el electorado que en 2018. En contraste, el debate se centrará en los efectos locales de las crisis de salud y de la economía, del creciente centralismo, del aumento en la inseguridad, así como la falta total de apoyos extra a estados y municipios durante la pandemia. En las peleas por las gubernaturas, el gobierno confía en que la potente Alianza Federalista se debilitará después de las elecciones. ¿Pero qué candidato o candidata puede defender la extinción de los fideicomisos que tendrá efectos directos negativos sobre el territorio que pretende gobernar?
Una forma del Presidente para meterse a la contienda es estirar la liga con el INE. Intervenir una y otra vez burlándose, en la práctica, de las llamadas medidas cautelares, para convertirse en noticia. Siempre tendrá la esperanza de que lo que haga el INE un día lo deshará el TEPJF al otro. Para la decisión que va a tomar y la fuerte tentación de —otra vez— dar la razón a la Consejería Jurídica de Presidencia en contra de una resolución del INE, es importante que los magistrados electorales tomen en cuenta lo siguiente: si el Tribunal Electoral permite que el titular del Ejecutivo pisotee el artículo 134 de la Constitución y lo mandatado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al mismo tiempo estará autorizando a gobernadores, integrantes de los gabinetes federal y estatales, presidentes municipales, titulares de organismos autónomos, etcétera, a hacer campaña abierta por sus candidatos y candidatas. Eso es lo normal en muchos países y en esto el Presidente de México parece inspirarse en el ejemplo de su amigo, el presidente Trump, quien insultaba, un día sí y el otro también, a sus adversarios demócratas. Este activismo presidencial no es lo normal en México por las características propias de nuestra transición de un régimen fuertemente presidencialista y de partido (casi) único a uno de pluralidad partidista (aunque parece que ahora vamos de regreso). Las reformas al artículo 134 que prohíben cualquier forma de intervencionismo del Presidente en la contienda electoral son resultado directo de las quejas de López Obrador sobre el activismo del presidente Vicente Fox en la campaña de 2006.
El Tribunal estaría abriendo una caja de Pandora en la que la aspiración a la equidad en las campañas sería la primera víctima. ¿Eso queremos? ¿Eso quiere el TEPJF, incentivar el caos y que Palacio Nacional continúe siendo el órgano propagandístico de Morena? ¿Que sea la guerra de todos contra todos y gobernadores y autoridades hablen a favor de sus favoritos? Ya sabemos que el Presidente no está convencido de la democracia, sobre todo cuando no le favorece, pero la defensa de la equidad en las contiendas electorales es la razón de ser del Tribunal. Renunciar a ésta es autoliquidarse.
Por: Cecilia Soto
