El viernes pasado, como le anticipé, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue el invitado del Consejo Nacional del CCE a su reunión de los viernes. Sobre el tema, el presidente del organismo, Carlos Salazar, dijo que le preocupaban las más de 100 adecuaciones que se propusieron al Código Fiscal de la Federación y a algunas leyes fiscales.
Es bueno el diálogo con las autoridades hacendarias, porque no es fácil con las fiscales cuando se habla de eliminación de “elementos que facilitan la fiscalización” o la “terminación de tratamientos fiscales especiales”, que se han vuelto parte del queso gruyer en el que se ha convertido el sistema fiscal.
Uno de los temas que seguramente se pondrán sobre la mesa es la eliminación de los APA’s (Advance Price Agreement), o Acuerdos de Precios de Transferencia que, para la industria maquiladora y los proveedores de la industria automotriz y la electrónica, son de las más relevantes y podrían tener un impacto significativo. El esquema es utilizado a nivel mundial.
México lo adoptó en la etapa de la administración Salinas, cuando se firmó el NAFTA y el primer acuerdo para evitar la doble tributación, como un medio para detener disputas impositivas entre contribuyentes con operaciones transfronterizas y autoridades fiscales de dos o más países.
Un acuerdo de transferencia de precios se firma entre partes relacionadas en operaciones comerciales transfronterizas y se supone que los precios que pagan una a otra significan un trato equitativo; esto es, como si las filiales o subsidiarias no tuvieran relación , por ende, conflicto de interés.
Le comento que la vigencia de las APA’s es clave en la determinación de costos. Además, determinan la base del impuesto en cada país, por la operación que priva entre subsidiarias y matrices o entre las diferentes entidades de un grupo (por ejemplo, el automotriz).
Nunca han sido fáciles de negociar y, a veces, menos fáciles de entender, pero resaltan casos recientes de fiscalización que ha conducido la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, como el de la minera First Majestic.
Hasta el cierre de diciembre de 2020, el SAT tiene registrados 764 APA’s suscritos en la última década, la mayoría negociados como parte del Acuerdo para Maquiladoras Calificables durante 2014–2017, que fue negociado entre el SAT y el Internal Revenew Service (IRS) de EU.
DE FONDOS A FONDO
#Pemex… De aprobarse la propuesta fiscal de fijarle una tasa de impuesto a Pemex de 40% en adelante, es posible que se produzcan dos efectos: una reducción progresiva de su endeudamiento y una mejora en su flujo de caja.
Pemex aporta a las finanzas públicas, en promedio, más de 650 mil millones de pesos anuales y para cumplir en muchas ocasiones ha recurrido al endeudamiento externo. En lo que va del sexenio ha recibido recursos del gobierno por cerca de 200 mil millones, es decir, le han regresado un 10% de lo que paga.
Y lo más interesante del caso es que en el proceso de despetrolización de las finanzas públicas que se incluye en el Programa Económico del 2022 ni las calificadoras como Moody’s, S&P o Fitch le han puesto lupa a la decisión.
La razón: nadie entiende el modelo de negocios de Octavio Romero, pues si fuera confiable y claro, seguramente tendría un cambio con la reducción de su carga fiscal.
#Bolsas… Fin de conflicto sobre la metodología para “la mejor ejecución” que deberán implementar la BMV, que dirige José-Oriol Bosch, y BIVA, que encabeza María Ariza, pues se alcanzó un consenso para asegurar que el sistema sea transparente y no implique transferencias artificiales de clientes.
Intervinieron en la negociación Álvaro García Pimentel, de la AMIB; Santiago Urquiza, de BIVA, y Marcos Martínez, de BMV, por lo que espere que esta semana Hacienda envíe a la Conamer la nueva regla que emitirá la CNBV, de Juan Pablo Graf. Por cierto, el viernes envió su nuevo reglamento interior que incorpora las áreas relacionadas con la expansión del universo Fintech.
Escribe: Alicia Salgado | Opinión
