La Secretaría de la Función Pública investiga una serie de contratos millonarios que fueron expedidos por exfuncionarios de la Senasica.
Recuerda usted el caso de Enciclomedia, un sistema de educación en línea que anunció el expresidente Vicente Fox y que fue un fracaso, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial, las compras de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se colocaron bajo la lupa, en particular al tomar en cuenta este proyecto que fue calificado como fraude por el máximo mandatario debido a que se pagaron mil 400 millones de pesos y el equipo finalmente no funcionó.
Sin embargo, no es el único caso que se encuentra bajo estricta observación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval y la Fiscalía Anticorrupción, de María de la Luz Mijangos, pues nos cuentan que siguen de cerca todos los pasos que se realizan desde Tecnología Aplicada a Negocios S.A. de C.V.
Esta compañía de Sonia Elisa Mendoza habría llamado la atención de las autoridades debido a que fue una de las beneficiarias de los contratos millonarios que se expidieron desde el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entonces al mando Enrique Sánchez Cruz, y que resultaron en inconsistencias señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con el organismo ahora a cargo de David Colmenares, entre 2014 y 2018, Senasica dirigió mil 990 millones de pesos a tecnologías de la información, de la onerosa cantidad, 60.8 millones de pesos fueron para Tecnología Aplicada a Negocios, a pesar de que presentó disonancias en el reporte de datos, además de que no hubo elementos para comprobar que se haya realizado algún control a las actividades del personal, así como criterios de eficiencia y economía en la estimación de horas de las órdenes de servicio.
No obstante, la firma de Mendoza Ruiz también se encuentra en entredicho debido a que presuntamente defraudó a sus proveedores con unos 200 millones de pesos, por lo que las denuncias escalarían hasta la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero.
Se trataría de añadir una “raya más al tigre”, sobre todo al recordar los casos ya expuestos, además de los múltiples convenios firmados durante el mandato de Enrique Peña Nieto, cuando recibió 21 contratos a nivel federal por más de 470 millones de pesos, mientras que en la administración actual solo logró 4 contratos en 2019 por 103.5 millones de pesos.
Sobre su dueña es de resaltar que no tiene cédulas expedidas en la SEP, a pesar de que se acredita como licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por el Tecnológico de Monterrey, carrera que habría cursado de 1984 a 1997. Ya por último tampoco hay que perder de vista que figura como accionista en MC Semau S.A de C.V., la cual se enfoca en la creación de programas tecnológicos, por lo que la 4T también debería dar esta pista a sus sabuesos. Así las cosas.
EN EL APUNTE… Parece que en el Poder Judicial la situación está de cabeza, pues ya cuestionan el proceso para elegir a los magistrados. Le cuento que el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria para la designación de magistrados de Circuito, muchos aseguran que esto formará a un grupo de juzgadores a fin al presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldivar.
El problema es que todavía no hay una reforma integral en el aparato de justicia y ya en las redes sociales acusan al Consejo de la Judicatura Federal de convocar a un concurso VIP para magistrados sin aún aprobar dicha reforma, por lo que dicen que algunos ya tienen prisa por seguir aprovechando el poder político. ¡Ufff!
Por: Engge Chavarría /@Enggechavarria
