Este mes se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados Federal la propuesta de iniciativa del Ejecutivo que, en los hechos, revocaría la reforma energética que entró en vigor en 2014. Lo que los legisladores federales decidan al respecto será de vital importancia para la inversión y la iniciativa privada del país. Además de que tendrá consecuencias muy serias para la economía de los mexicanos.
Según la propuesta que los diputados recibieron el primero de febrero, la energía producida por la CFE tendrá prioridad sobre las energías limpias y renovables que producen las empresas e inversiones privadas, y que son más baratas. Esto le devolvería a la CFE todo el poder que tuvo antes de la modernización del sector y México volvería a vivir bajo un monopolio de energía.
De ser aprobada la propuesta, la libre competencia del mercado se vería gravemente afectada y todos los procesos energéticos se encarecerían, por lo que todos los bienes y servicios que consumimos los mexicanos experimentarían un alza de precios.
Además de las terribles consecuencias que esto significaría para las familias mexicanas, ¿qué consecuencias tiene esta propuesta para las inversiones?
Al dar mayor poder de mercado a la CFE, las empresas que han invertido su capital en la generación de energía limpia y renovable, como los parques eólicos y los paneles de energía solar, se ven relegadas. Su energía será la última en ser utilizada, y por lo tanto tendrán pérdidas económicas irreparables.
Las inversiones energéticas que ha recibido el país, Tamaulipas en especial, en los últimos años han brindado muchos beneficios. Por un lado, la energía producida por particulares es mucho más barata que la que produce la CFE y, por lo tanto, implica menores costos para empresas y ciudadanos. Por el otro, esta energía es más limpia, ayuda a preservar el medio ambiente y contribuye a una mejor calidad de vida de las siguientes generaciones.
La iniciativa presidencial propone excluir a los inversionistas que han sostenido al sector energético en los últimos años, incluso a los que ya tienen contratos con CFE. Si esto pasa, enfrentaríamos una gran migración de capitales que abandonarían al país, no solo en el sector energético. En este momento, no puede arriesgarse a perder más empleo, mucho menos ahora, que también estamos enfrentando los efectos de la pandemia.
La iniciativa es precipitada, ignora los intereses de todos los actores involucrados y tiene varios tintes de inconstitucionalidad.
Debemos evitar, a toda costa, que el Ejecutivo federal presente más propuestas unilaterales e inconstitucionales que afectan a todos los sectores de la sociedad y debemos hacer un llamado a nuestros legisladores federales para que eviten este enorme costo para el país. Confío en que así será.
Por: Mon Marón / @MonMaron
